El utilitarismo nace del principio de mayor beneficio. A diferencia la teoría del egoísmo, este beneficio no se limita a ser experimentado por solo una persona, aquella que realizara alguna acción como parte del cumplimiento de su interés individual, por el contrario, el utilitarismo se orienta al beneficio de las masas, o un mayor progreso y felicidad para el mayor grupo de personas. Mientras más personas estén involucradas y reciban los efectos positivos de alguna acción, un mayor nivel de aceptación moral tendrá.
Bajo el utilitarismo, mientras se asegurara el beneficio de un numeroso grupo de personas en la conveniente contratación directa que realizo el ministro de Turismo con la empresa Global Clic Marketing, la acción dejaría de ser moralmente incorrecta por la manipulación de intereses, y sería considerada como provechosa y correcta por el resultado.
El utilitarismo indica que se debe realizar aquello que resulta intrínsecamente valioso para los individuos (el recibir un nuevo contrato para el gerente y el ahorro de costos para el ministro). El resultado, es decir, el estado que resulta como consecuencia de una acción es moralmente positiva si es que emite la mayor cantidad de valor para el mayor grupo de personas. Según esta teoría el razonamiento que tuvieron los participantes de esta contratación es la acción correcta a seguir o por lo menos la más recomendable.
Podemos analizar este caso bajo un análisis costo-beneficio, en donde el acto en si mismo no resulta perjudicial para terceros, es decir, no hay un alto costo pero al mismo tiempo, el beneficio es alto para quienes ejecutan esta acción. El ejercer el contrato directo con esta empresa de marketing significara un menos costo pues la relación supone un acuerdo conveniente entre las partes puesto que la empresa de marketing ofrecerá al ministerio de turismo un presupuesto menor al que el resto de empresas del mismo rubro podría cotizar en condiciones similares, mientras que el ministro recibirá esta suerte de beneficio al momento de establecer su balance y verificar el ahorro realizado. En el caso no se especifica si el dinero dejado de gastar será en beneficio de todo el ministerio o solo del ministro quien, especulando de una forma muy radical, se podría pensar que el dinero ira directamente a su cuenta bancaria y no será declarado como una reducción eficiente en costos.
El costo de esta contratación directa, sería el riesgo de ser descubierto, de levantar sospechas sobre la veracidad de esta contratación directa y aún así no se llegue a probar la subjetividad de este acto, la mala reputación que se le esta generando al ministro como una persona no integra permanecerá en el inconsciente de las personas que trabajan a su alrededor.
Se puede observar que tanto para el ministro como al gerente de la empresa de mkt les resultaba mas rentable realizar la contratación de servicios puesto que el costo no era tan elevado y las ganancias serían altamente apreciables por entre ellos mismos, los empleados de la empresa, y los trabajadores responsables del manejo de costos y gastos que tiene el ministerio como entidad pública.
Este caso pertenece al utilitarismo de los actos pues el juicio moral que se pueda emitir depende del acto que cometido por cada uno de los integrantes de esta contratación, a los cuales consideramos responsables. Estos son: La ministra de educación quien por su relación familiar con el gerente de la empresa de marketing sugirió al ministro de turismo que tomase, a esta última, en cuenta a la hora de la contratación. A su vez, el ministro quien es colega de la ministra y para evitar conflictos en el campo laboral en el que ellos se desenvuelven (puede ser muchos los motivos como devolver un favor ya antes prestado o tener una buena imagen frente a su colega.) Decidió tomar en cuenta la sugerencia de la ministra y así ejercer la toma de decisiones. También es cuestionable el comportamiento del hermano de la ministra, porque si bien es cierto el no sugirió directamente en el proceso contratación del servicio sin embargo, es igual de culpable por permitir un manejo arbitrario de esta clase de actos, ir contra la buena fe de la libre participación de las empresas privadas en el sector público.
Este caso esta respaldado por el utilitarismo de los actos, en el que se realizo la mejor acción de acuerdo al beneficio máximo que se podrían conseguir entre los casos de ejecutar la contratación o no hacerla. Sin embargo, esta acción va en contra de las normas sociales y legales (utilitarismo de las reglas: sostiene que mientras actúes bajo el marco legal y generes beneficio a la mayor cantidad de personas la acción realizada es moralmente correo) impuestas por la sociedad para mantener un orden en las cosas. Si se apoyara este acto, y se considerase apropiado y valido por la situación también se estaría dando la oportunidad a que el tráfico de influencias se convierta en socialmente aceptable puesto que se da una mayor importancia a las relaciones sociales que se pueda tener con una persona (aspectos subjetivos de la interacción entre personas) sobre la libre competencia y objetividad de las relaciones comerciales, y de los contratos públicos – privados y demás relacionados.
La teoría del utilitarismo es bastante cuestionable porque argumenta que es valido dejar actuar fuera del marco legal incluso cuando los derechos de algunos participantes están siendo violados, siempre y cuando el beneficio de quienes realicen el acto y de algunos terceros estén garantizados. El tráfico de influencias en si, para quienes lo realizan no perjudica a nadie sin embargo, tampoco respeta la oportunidad de poder ejercer una competencia libre y justa que de manera indirecta evita el futuro cumplimiento de algunos derechos (libertad de poder trabajar, ser libre de competir con terceros incluso sino están en las mismas condiciones)
Teoría de la justicia
Para poder evaluar la justicia es necesario considerar los derechos, pues la justicia nace la premisa de la protección del bienestar de una persona, un estado socialmente aceptable y definido para garantizar la buena relación y la interacción entre personas para el desenvolvimiento en la sociedad y el desarrollo de la misma. Es por esto que analizaremos primero bajo la teoría ética de los derechos de las personas involucradas directa e indirectamente con esta contratación y en general, con los diferentes actos dentro del campo del tráfico de influencias.
En la sociedad existen ciertos derechos naturales que poseen todas las personas cuyo cumplimiento deben estar garantizados y protegidos por el estado y más específicamente por el marco legal en el que se desenvuelve. En este caso los derechos de las empresas que pudieron haber participado en este proceso de selección y contratación de empresas de marketing fueron violados. Indirectamente, a pesar de que estas empresas no sean conscientes de la presunción del tráfico de influencias, su participación en este proceso fue limitado por la relación de amistad que existía entre los ministros quienes motivaron a que la contratación estuviese orientada a favor de la empresa Clic Marketing, cuyo gerente es el hermano de la ministra de educación.
La oportunidad de poder competir libremente es un derecho de las empresas privadas quienes tienen la potestad de poder ejercer medidas que estén reguladas dentro del campo de la ley para poder resultar atrayentes hacia la demanda de trabajo. En este caso, lo normal hubiera sido que las empresas de marketing elaboraran proformas con precios competitivos, y que el ministerio hubiera evaluado estas cotizaciones y se hubiera decidido por una empresa privada de prestigio, que sea eficiente en su trabajo y que no represente un costo demasiado elevado sino que sea razonable de acuerdo al tipo de servicios que ofrece. La empresa Clic no fue contratada por ser la más eficiente sino por poseer una herramienta que la ley no esta a favor y penaliza por su utilización Las relaciones subjetivas, no laborales que se dan en el campo laboral y que de cierta manera influye en las decisiones objetivas que una empresa, o autoridad pueda tomar.
Como mencionamos anteriormente, los derechos de estas empresas fueron omitidos pues no llegaron a entrar directamente en el campo de la contratación pues nunca fueron seleccionadas y tampoco existió interés por parte del ministerio por contratar a una empresa privada que no fuera Clic Marketing. Los derechos del ministro, gerente y ministra de cierta manera prevalecieron ante los “derechos de las posibles empresas postulantes”. Se debe ejercer un limite que denote que los derechos de una persona / empresa independientemente de su cargo o nivel y prestigio comercial deben ser iguales. La conocida frase: Los derechos de uno terminan donde comienzan los de otro, se aplica en este caso.
Por tanto, autoridades competentes debieron haber evaluado esta contratación directa y los inicios de la misma, qué fue lo que la suscito. Esta claro que este seguimiento sería inapropiado si es que se aplicase a toda contratación directa del sector público y demás áreas pues se presume que este proceso se realice con actos de buena fe. Lo correcto a realizar para proteger los derechos socialmente establecidos de las empresas sería que ante caso de siniestro se presente un duda que tenga lugar para ser cuestionable, entonces debería ejercerse un seguimiento por una comisión que se encargase de evaluar y regular el comportamiento de las autoridades públicas.
Una vez determinado los derechos que han sido dejados de lado, es necesario continuar con este análisis, la ética de la justica se basa en que en caso de incumplimiento de este estado natural que son los derechos, se debe realizar un procedimiento justo tanto antes y después de realizado el acto y que los resultados sean consecuencias positivas y negativas deben de ser equitativas en base al grado de responsabilidad que las partes tengan.
La injusticia en este caso ya se cometió y los responsables son los ministros (de educación y de turismo) y también el gerente. Por tanto, dentro del campo legal, al detectar un acto que vaya en contra de lo que ya esta estipulado, entonces se le debe asignar su respectiva penalización esta deberá caer en todos los participantes del tráfico de influencias.
En cuanto a las empresas, se debe garantizar que en la contratación directa todas las organizaciones participen con las mismas oportunidades y deben de diferenciarse exclusivamente en base a su competitividad y eficiencia como institución. Una ente reguladora debe controlar este proceso para evitar que haya un trato que no sea equitativo, además se deben implementar procesos con un mayor grado de objetividad (en todo caso tercerizar la contratación). Se debe proteger a ambos lados de la contratación, tanto al contratante como al individuo y ente que esta a punto de pasar por un proceso de selección.
Intensidad moral
La intensidad moral fue propuesta por Thomas Jones en 1991. Esta nos dice que las decisiones éticas se ven afectadas por la importancia relativa que tiene el tema para nosotros. Dentro de la intensidad moral se encuentran 6 factores de acuerdo a los cuales esta puede variar: magnitud de las consecuencias, consenso social, probabilidad de efecto, inmediatez temporal, proximidad y concertación de efecto.
En el caso expuesto nos podemos dar cuenta de que se pueden aplicar varias variables de intensidad moral. A continuación, aplicaremos la magnitud de las consecuencias en el ejemplo de aplicación expuesto anteriormente.
Alberto Molinar encargado de la empresa Global Clic Marketing que se dedica a brindar a Panamá el servicio de promoción turística internacional vía web. Aplicamos la variable debido a que el hecho de que contraten a una persona por el hecho de tener influencias es un daño que afecta a muchas personas y entidades. Además, el hecho de que el gobierno está siendo juzgado por algo que no se sabe a ciencia cierto si es verdad y sobre todo si es un tema grave por la falta de credibilidad que generan. Esta decisión va traer consigo una serie de de problemas ya que afectara al estado por la falta de transparencia en esta contratación y también a las otras empresas que no pudieron participar justamente por el tráfico de influencias.
Herramientas gerenciales de la ética para los negocios
Este tipo de escándalos pueden ser prevenidos si desde un comienzo se siguen algunos principios y herramientas que nos ofrece la ética para los negocios. A continuación se presenta herramientas que pudieron evitar el caer en esta modalidad de fraude.
Herramientas y procedimientos para la ética de los | |
Misión y Visión corporativa | ATP es una institución que forma parte del gobierno de Panamá y se dedica a promover el turismo en este país. Dentro de la empresa se encuentra la misión la cual es la siguiente: “Definir objetivos, unificar criterios y ejecutar acciones con disciplina y constante actualización profesional, para posicionarnos como destino preferido”. Al mismo tiempo la visión se muestra así: “Panamá, destino turístico preferido por su Canal y la diversidad única de atractivos que se brindan dentro de un marco de seguridad con un alto nivel de calidad en los servicios y buen trato a los visitantes. ‘Para que el turismo sea la principal fuente de divisas del país’ ”. Pues bien, al parecer el ministro de Turismo, Salo Shamah se guía hacia su visión pero faltando a lo que en su misión se refiere, sobre todo si actuar con disciplina. Ya que caer en el fraude de tráfico de influencias demuestra que hace falta un refuerzo en inculcar mejor los objetivos y valores de la empresa, ambas basadas en la misión y visión que esta posee. |
Códigos de Ética Corporativos | Estos códigos nos enseñan las bases sobre cómo deben comportarse los empleados de todos rangos dentro de una organización. Actualmente ATP se guía sobre el código uniforme de ética de los servidores públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central, cuya última edición fue en el 2006. A pesar de este código de ética, ATP acaba de caer en un escándalo por cometer fraude. Esto demuestra de talvez sea importante crear códigos de ética por sector, algo que abarque entidades similares y que se dediquen al mismo giro, ya que al parecer la idea de tener un código de ética estandarizada para todas las entidades del gobierno. El realizar uno que establezca las bases de conducta a seguir mas especificas y que los empleados y profesionales se vean convencidos a seguirlas sería algo que podría evitar caer en este tipos de escándalo |
Gerentes, jefes y comités éticos | Esta herramienta fomenta a crear un grupo de ética capacitado dentro de la organización para así poder seguir de cerca situaciones dentro de esta que causen discrepancia y al mismo tiempo denunciar actos no congruentes con el fin de la empresa, a fin de poder poner solución a dichas situaciones y evitar llevar malas decisiones a casos de escándalo. Es decir, si se puede evitar a tiempo tomar malas decisiones e ir más lejos con ellas, es mejor poder usar las alternativas que tenemos para poder así conseguir un mejor manejo de la ética dentro de la empresa. Talvez si en ATP hubiera habido un grupo de ética que hubiera hecho un seguimiento en la decisión de contratar el servicio de promoción turística internacional vía web de la empresa Global Clic Marketing, se hubieran dado cuenta que había una ventaja a contratar dicho proveedor ya que este tenía influencia dentro del gobierno. |
Formación y entrenamiento en ética | Por último, es importante la constante capacitación de los empleados, de todo rango, de la empresa, ya que esto puede asegurar en un buen porcentaje que dichos empleados se guiarán de manera ética y podrán tomar decisiones acertadas guiadas no en el interés propio o de alguien más, sino en pro de la organización en sí. Es importante considerar que en ATP unos cursos en formación y entrenamiento en ética podrían resultar interesantes e incluso positivos para ATP. Así mismo podría lograr que escándalos como el ocurrido hace unos días, no vuelva a suceder y no traiga consigo consecuencias negativas que lleven a seguir perdiendo confianza en cómo lleva a cabo su trabajo las diferentes entidades del Gobierno. |
